Red Ciudadana

para la democracia y los derechos humanos

El rol de los gobiernos locales en la política de protección social

Por Víctor J. Imas R.

12369113_1099123263433604_9164940153168770289_nLa protección social es un componente central de la política social, al igual que la promoción social y las políticas sectoriales, como: educación, salud, vivienda y otros. El objetivo del mismo es alcanzar un nivel básico de bienestar económico y social para toda la población, garantizado un ingreso suficiente para sustentar condiciones de vida digna y saludable, el acceso a servicios sociales y el trabajo decente.

El conjunto de programas y proyectos públicos y privados, articulados y complementarios, que son orientados por dimensiones de pobreza y vulnerabilidad, formalidad e informalidad en el trabajo, familia, ciclo de vida, provisión del cuidado, entre las más importantes, constituye un “sistema de protección social”; cuyos componentes son la seguridad social (contributiva), la asistencia social (no contributiva) y la regulación de los mercados laborales.

Estos programas son generalmente intersectoriales e interinstitucionales con una aplicación muchas veces necesaria entre los distintos niveles administrativos de gobierno, es decir, desde el nivel central hasta los municipios, pasando por las gobernaciones departamentales. La participación creciente de los gobiernos locales en la implementación de los programas es consecuencia de los procesos de desconcentración y descentralización de las políticas públicas.

La ley organiza municipal (Nº 3966/2010), entre otras muchas funciones, otorga al gobierno municipal el papel de implementar en su territorio programas integrales de “desarrollo humano y social” (Art. 12); así como las relacionadas a las políticas sociales sectoriales de salud y educación y de infraestructura pública, servicios y ambiente. En materia de desarrollo humano debe prestar especial atención a la mujer, la niñez y la adolescencia, la tercera edad, la población con discapacidad y los sectores vulnerables, planificando, ejecutando, gestionando y articulando programas y proyectos propios o coordinados con el gobierno central. En este marco son prioritarios los programas de lucha contra la pobreza y de promoción de la equidad de género.

Varios de los programas del gobierno central de asistencia y promoción social son coordinados con las municipalidades:

Para la validación de las listas de potenciales beneficiarios a nivel territorial, el programa de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad –Tekoporá-, conforma a nivel local la Mesa de Participación Ciudadana (MPC), integrada por las autoridades municipales. Las MPC constituyen así una estructura operativa importante del programa donde además se gestiona la prestación de servicios públicos, tales como: caminos, agua, saneamiento básico y otros, en los territorios de pobreza donde llega Tekopora.

Algunos programas de atención a la niñez y de lucha contra las peores formas de trabajo infantil son coordinados con las municipalidades. Las oficinas de la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), son creadas en el ámbito del gobierno municipal, debiendo prestar servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente. El programa ABRAZO coordina con las municipalidades el funcionamiento de los Centros abiertos, de protección y comunitarios. En los municipios donde se llevan adelante experiencias emblemáticas de lucha contra el trabajo infantil, como el vertedero de residuos de Encarnación, las olerías en Tobatí y los cultivos de caña de azúcar en Villeta, son acompañados por el funcionamiento de la “Red local de protección social” liderado por la municipalidad.

La operación del programa para la Pensión Alimentaria de Adultos Mayores en situación de pobreza se inicia con la inscripción en la municipalidad de los potenciales beneficiarios, cuyas listas son enviadas a nivel central. Todo el proceso hasta la adjudicación de la pensión es coordinado con el gobierno municipal.

La construcción de infraestructura escolar y los servicios de alimentación escolar, son implementados por los gobiernos departamentales y municipales. La priorización de las intervenciones se realiza a través de los procesos de Microplanificación de la Oferta Educativa, que es acordado y validado con la municipalidad por las autoridades educativas locales.

Como las municipalidades tienen una práctica histórica de baja recaudación en impuestos y tasas, gran parte de sus recursos depende de los transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de Royalties o el FONACIDE. Esto limita su condición de autonomía conferida por la Ley (Art. 5º) y no posibilita que las mismas definan sus propios programas sociales, asignando recursos propios y priorizando la inversión social de acuerdo con sus intereses y necesidades territoriales particulares, dadas las diferencias regionales y distritales existentes en el país. Otro aspecto frecuentemente denunciado es la poca transparencia en la gestión y ejecución de dichos recursos, resultados de las prácticas políticas tradicionales, la baja capacidad instalada de muchas municipalidades, la falta de información y poca participación ciudadana.

No obstante, la aún incipiente vida democrática de las municipalidades y la reciente y todavía residual existencia de programas de asistencia y promoción social, queda claro el papel fundamental que los gobiernos locales pueden ejercer en la implementación de la política de protección social, ya que la ley orgánica municipal le otorga competencia y las realidades territoriales lo necesitan.

Artículo elaborado con el apoyo de:

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Esta entrada fue publicada el 21 diciembre, 2015 por en Consulta ciudadana, Noticias.

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